Las encuestas de victimización son una herramienta que intentan reflejar la percepción social del delito. Estas se han de complementar con los datos facilitados por las diferentes administraciones sobre los datos conocidos de comisión y sanción o condena de delitos y comportamientos ilícitos.
En España tenemos la suerte de no tener unos índices delincuenciales tan altos ni con tanta repercusión, como por ejemplo en determinados países de Centroamérica o África. Facilita mucho el hecho de tener una democracia consolidada y el estar ubicados en un continente con poco arraigo de grandes organizaciones delincuenciales. También ayuda tener unos cuerpos de seguridad con una gran experiencia en la lucha contra el narcotráfico internacional o contra las bandas que se han querido ir estableciendo en nuestro territorio por ser un país estratégicamente ubicado (entre dos continentes y entre un mar y un océano de paso).
Pero precisamente por estos motivos, España es un territorio que no ha de cejar en la lucha policial contra unos problemas cada vez más complejos, ya que parece que cuando unos problemas son controlados, otros surgen inexorable y súbitamente como las margaritas en primavera, sin plantarlas y donde más les place.
Ante estos retos en materia de seguridad pública, cada vez mayores y más complejos, ellos sobretodo debidos a la bien sabida globalización, es importante dotarse de las mejores herramientas para complementar las estrategias de lucha contra los problemas de seguridad ciudadana existentes.
Las estadísticas policiales son fundamentales para ello, pero no lo son todo. Las encuestas de victimización son igualmente importantes. Las cifras negras aportan tanta y tan buena información como los delitos denunciados. La opinión de la ciudadanía es cabal para luchar de forma preventiva contra hechos delincuenciales o incívicos que están muchas veces latentes en la sociedad, en una situación relativamente indetectable hasta que desgraciadamente surge de forma estadística, para tener que establecer, a año pasado, medidas para luchar contra ella.
Esto nos lleva a abogar por el establecimiento de más encuestas en éste ámbito, pero no todo vale, ya que deberían de cumplirse dos requisitos en esta demanda; que existan en los diferentes niveles administrativos (estatal, autonómicos y locales) con la evaluación de los mismos indicadores; y que tengan una mínima calidad de elaboración y recogida de datos.
Solo si se cumplen estos dos requisitos podremos cumplir el objetivo pretendido, conseguir una información fidedigna y comparativa.
Si España fuese un estado con una única administración central, los estudios en este ámbito serían más fáciles de establecer, no obstante en un estado plurilegislativo como el nuestro, donde existe además del ejecutivo central, diversos parlamentos autonómicos, más todas las administraciones locales con su alto grado de autonomía, es difícil centralizar la obligación para establecer un mismo número y tipo de encuestas de victimización u otras de la mísma índole o intención.
A modo de ejemplo, Méjico dispone de una gran herramienta para con estos motivos, siendo la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Aunque como a nadie se le escapa, Méjico necesita esta entre otras muchas herramientas para combatir un gran elenco de problemas con gran arraigo, no solo estrictamente vinculados a la seguridad, sino también a la corrupción institucional.
Estas encuestas de victimización se utilizan para reaccionar más que para prevenir, pero en nuestro país aun podemos utilizarlas como una herramienta preventiva más que reactiva.
Quedan aún grandes pasos para llegar al idílico de conseguir encuestas centralizadas o como mínimo estandarizadas, en un momento donde todos podamos confluir efectivas herramientas de trabajo, pero es bien seguro que si se consigue, la lucha policial será más próspera para todas y cada una de nuestras Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
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