Según publicó este mes la edición digital del Heraldo, la delegada del Gobierno de España en Aragón, Carmen Sánchez, ha presentado la iniciativa de elaboración de los Planes de Seguridad de 26 municipios que contemplarían su seguridad durante los 365 días del año y no solo en eventos y festividades concretos.
Sánchez ha explicado que el objetivo de la reunión de este martes ha sido convocar a los municipios que cuentan con un cuerpo de Policía Local superior a tres o cuatro agentes para «extender y poner en marcha» los planes locales de seguridad que van más allá de las Juntas Locales de Seguridad ordinarias, que únicamente se celebran en fechas puntuales. Por ello, la delegada del Gobierno ha mostrado su interés por extender la asiduidad de las reuniones y, de esta forma, aumentar los planes de seguridad para que no sean únicamente en ocasiones concretas.
Los planes anuales se basarán en unas «características especiales» en función de los requerimientos de cada municipio y se realizarán en base a otros planes de seguridad similares que existen en ciudades como Madrid, Barcelona o Cornellá.
También recordó que los planes locales de seguridad no son algo «obligatorio» pero sí que son recomendables como «complementos imprescindibles» a los planes de protección que se desarrollan en cada localidad, para lograr una máxima protección tanto en espacios públicos como en eventos públicos.
En el mismo sentido, y según el rotativo El Periódico de Aragón, La Junta Local de Zaragoza debatió ayer la posibilidad de articular dentro de un año un plan de seguridad local, basado en el que se aplicó durante las fiestas del Pilar, pero extendido a todo el calendario y a todo el término municipal de la capital aragonesa.
Si analizamos estas noticias podemos realizar varios comentarios sin no antes hacernos otras tantas preguntas. En primer lugar sería interesante saber quien tiene el interés real en hacer los planes locales de seguridad de ámbito anual. Si es la delegada del gobierno, no estaría de más que pudiese instar un cambio normativo para que desde el gobierno central se pudiese normatizar esta obligación, ya que es del todo acertada su observación de que, los planes locales de seguridad se pueden considerar «complementos imprescindibles» para estas localidades.
Si en cambio el interés es de los municipios, saber de qué forma se han constituido éstos para poder instar ante la delegada del Gobierno la petición de redactar planes de seguridad local con esta temporalidad. En este caso, teniendo presente que el Gobierno de Aragón puede normatizar esta obligación, cabría quizá dedicar más esfuerzos para que desde el ámbito autonómico se establezcan este tipo de documentos, como ya sucedió en Cataluña con la redacción de la Ley 4/2003, de 7 de abril, de ordenación del sistema de seguridad pública.
La segunda observación deriva de otras afirmaciones realizadas ante este medio periodístico.
Primeramente ante la decisión de que los planes se realicen en municipios en que sus Cuerpos de Policía Local superior a tres o cuatro agentes. No se entiende el porqué de esta decisión, ya que el hecho de excluir al resto de policías locales con menos efectivos, aunque solo sea una, es un agravio comparativo por no darse la posibilidad de establecer una planificación en materia de seguridad pública en esos ayuntamientos.
El segundo aspecto a comentar es el hecho de que estos futuros documentos se quieran basar en otros planes de seguridad, según la Sra. Sánchez similares, como los de Madrid, Barcelona o Cornellá. Teniendo presente que la única policía local que por sus dimensiones y características puede asemejarse a alguna de estas tres poblaciones, es la de la capital, Zaragoza, deja en evidencia que los planes a ejecutar en el resto de municipios aragoneses, muchos más pequeños que el de la capital, no van a ser ni por asomo similares ni al de Cornellá (municipio con la policía local más pequeña de los tres referenciados a modo de ejemplo por la delegada del Gobierno), y menos incluso al de Barcelona o Madrid.
Esto puede evidenciar cierta falta de conocimientos en materia de planes locales de seguridad de ciertos representantes institucionales. Si realmente se tuviese en cuenta el tipo de plan que necesitan ciertos municipios, sobretodo el de las poblaciones que únicamente tienen 3 o 4 agentes, se sabría que éstos no se necesitarían que fuesen tan amplios ni tan complejos como los de estas tres poblaciones. Cada plan ha de tener unas «características especiales», pero se ha de ser realista y saber diferenciar entre lo que ha de ser un plan local de seguridad de un municipio grande, con una compleja delincuencial compleja, y un plan de seguridad de un municipio pequeño, el cual en la mayoría de las ocasiones únicamente requiere establecer unos mínimos a controlar y a mejorar, en materia de seguridad pública.
Todo y así, aplaudo la decisión de la delegada del gobierno, en su globalidad, de establecer planes locales de seguridad con temporalidad anual. Es un ejemplo a seguir por muchas otras comunidades autónomas y/o delegados del gobierno para con el fin de poder establecer en un futuro no muy lejano, si cabe, esta obligación como norma general.
Por suerte en Aragón, se hizo la luz, y en ASYESPOL lo celebramos.
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